La Comisión Europea, en su Programa de acción europeo de seguridad Vial (2 de junio de 2003) que se marca como objetivo reducir a la mitad el número de víctimas por accidentes de tráfico en 2010, afirma:

«Los incentivos fiscales pueden constituir un medio importante para fomentar las inversiones de particulares y empresas y promover el diseño de infraestructuras y vehículos más seguros. Los incentivos han de centrarse en determinadas categorías de equipamientos cuya eficacia desde el punto de vista de la seguridad esté demostrada y que difícilmente podrían encontrar salidas comerciales sin esa ayuda».

En otro párrafo de este mismo documento indica cuáles pueden ser estos equipamientos:

«El perfeccionamiento de sensores, accionadores y calculadoras adaptados ya ha hecho posible la generalización de dispositivos ABS y de sistemas que aumentan la estabilidad de los vehículos como los dispositivos ESP (Electronic Stability Program), que ayudan al conductor a mantener el control del vehículo en condiciones extremas».

En km77.com respaldamos esta opinión de la Comisión y recomendamos la compra de vehículos con control de estabilidad (nombrado con las siglas ESP y con estas otras), porque lo consideramos «El mejor dispositivo para la seguridad activa».

En España, sólo un 10% de los turismos nuevos que se adquieren llevan control de estabilidad, frente a un 40% en Alemania. Al menos en nuestro país, esta «categoría de equipamiento» encuentra una difícil salida comercial, a diferencia de otros elementos como el airbag o el ABS.

A nuestro juicio, el Estado debería seguir las recomendaciones de la Comisión Europea e incentivar fiscalmente la compra de automóviles con control de estabilidad. El procedimiento que nos parece más adecuado es una reducción de 400 euros en el Impuesto de Matriculación para los coches que se vendan con este sistema. Se trata de incentivar la seguridad, con un «Plan Seguridad», igual que el «Plan Prever» incentiva el rejuvenecimiento del parque.

No es sencillo estimar la elasticidad de este mercado. Supongamos que, al favorecer fiscalmente la compra de coches con control de estabilidad, la proporción de coches nuevos que se venden con control de estabilidad en España pasara de un 10% a un 30%. En ese caso, el descenso de recaudación para el Estado sería de unos 170 millones de Euros, en un mercado anual de 1,4 millones de turismos.

A corto plazo la reducción de la siniestralidad por esta medida sería pequeña y, por tanto, el retorno de esta «inversión» no sería inmediato. Según la Dirección General de Tráfico, el parque español de turismos, a finales de 2002 era de 18,7 millones de unidades. Frente a esa cifra, los 280.000 vehículos con control de estabilidad que se puedan vender gracias al incentivo fiscal supondrían menos de un 2% del total del parque.

Pero el objetivo de la Comisión Europea es reducir a la mitad los accidentes de tráfico en 2010; para lograrlo hay que empezar a trabajar ya. Es ahora cuando hay que comenzar a hacer más seguro el parque de automóviles que tendremos dentro de cinco años. Lo deseable —a nuestro juicio— es conseguir que todos los coches nuevos tengan este elemento de seguridad.

Esta medida, a medio plazo, no perjudica el objetivo de déficit cero que se ha marcado el gobierno español, todo lo contrario. Invertir en Seguridad Vial, sin menoscabar el principio de movilidad que tanto beneficia al comercio y a la economía, es beneficioso para reducir el déficit. También la Comisión Europea destaca esta opinión en su Libro Blanco sobre el Transporte:

«La Unión Europea debe comprometerse, en la próxima década, a perseguir un objetivo comunitario ambicioso de reducción a la mitad del número de muertes en carretera (...) Los medios financieros dedicados a la lucha contra la inseguridad vial no están a la altura de este drama. En efecto, los esfuerzos dedicados a la prevención de los accidentes de carretera siguen siendo muy escasos: representan menos de 5 % del coste total de los accidentes, (...) equivalente a un 2% del PIB».

La utilidad del control de estabilidad para reducir la cifra de accidentes parece clara si se analiza la cifra de accidentes en Alemania antes y después de la aparición de este dispositivo. En 1997 todavía no se vendieron coches con control de estabilidad de forma significativa. Desde entonces, los muertos en Alemania, país en el que un 40% de los coches que se venden lleva control de estabilidad, se han reducido casi un 20%.

En términos relativos, la diferencia es menos espectacular, principalmente porque lo espectacular es la diferencia absoluta. En España muere el doble de personas que en Alemania por cada turismo en circulación.

A mediados de agosto, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que el gobierno iba «congelar» los impuestos especiales para el próximo año, una decisión que según él hará que «en términos reales los impuestos especiales van a bajar el próximo año». Esta bajada no se producirá en el caso del automóvil porque, al tratarse de un porcentaje sobre el Precio Franco Fábrica del coche, el impuesto no disminuye, sino que aumenta exactamente igual a como lo haga el precio del coche en cuestión.

La ley 21/2001 de financiación de las Comunidades Autónomas cede la totalidad del Impuesto de Matriculación a los gobiernos autónomos, lo que puede suponer una dificultad añadida para tomar esta medida. Pero Montoro ha anunciado la congelación de otros impuestos que también afectan a las CC. AA. Se trata de productos que no contribuyen tanto al empleo y a la generación de riqueza como el automóvil. Para las cuentas del Estado no tiene sentido incentivar fiscalmente productos como alcohol o tabaco, ya que al aumentar su consumo también aumenta el gasto del Estado.

En cambio, un incremento del consumo en equipamiento de seguridad, reduce el gasto del Estado y del conjunto de la sociedad. Según Aepo, Ingenieros Consultores, una víctima mortal por accidente de tráfico supone un coste entre 34.800 y 47.400 euros y un herido grave entre 241.000 y 328.000 euros.

Representantes del Partido Popular declararon antes de las elecciones de 1996 que iban a eliminar el Impuesto de Matriculación de los automóviles y aún no lo han hecho. Ahora tienen un oportunidad de cumplir con lo prometido, aunque sea de forma parcial. Sería una buena forma de estimular la demanda, promover la seguridad vial, aliviar la imposición a la compra y empezar a trasladarla al consumo.

No tiene sentido económico que, en un país que exporta más del 80% de su producción de automóviles, se grave la adquisición y no la utilización, que penaliza de igual modo a un coche viejo que a uno nuevo.

Se trata, en definitiva, de una medida que debe contribuir a mejorar las cuentas públicas y —sobre todo— a reducir el número de accidentes en las carreteras españolas, que acarrean un elevado coste. El económico es el único que se puede medir, y por eso lo utilizamos como argumento, pero en este caso, para muchos, no será el más importante.