La teoría económica que respalda los beneficios del mercado y la libre competencia es de primero de primaria. Cuando la competencia tiende a infinito, el margen tiende a cero. Es fácil de entender.
La cuestión es qué significa competencia infinita.
¿Puede haber competencia infinita entre los bancos, que aparentemente no tienen grandes restricciones físicas para competir unos con otros en estos momentos de dinero casi electrónico? No, no puede haberla, al menos de momento. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero principalmente por uno intangible: porque los clientes de los bancos nos fiamos más de unos bancos que de otros. De lo contrario, la competencia entre bancos sería muy superior a la actual.
Incluso en sectores en los que hay muchos competidores y que aparentemente no hay enormes barreras con la información la competencia real es prácticamente imposible.
El libre mercado, del que yo soy defensor, tiene muchas limitaciones. Algunos se aprovechan de esas limitaciones para regular el mercado a su favor y otros se aprovechan de esas limitaciones para «liberalizar» el mercado a su favor. El corporativismo, la falta de transparencia, los grupos de presión de toda calaña son elementos destinados a crear todas las distorsiones posibles, en uno y otro sentido, para barrer para casa, para perjudicar a la mayoría en beneficio de una minoría.
La mayoría, y la competitividad, salen beneficiadas con precios bajos. En cambio, los precios bajos no son casi nunca deseables para quienes están en el lado de la oferta. Algunos economistas incluso dicen que los precios bajos no interesan ni siquiera a quienes están en el lado de la demanda, porque unos trabajadores mal pagados no serán capaces de comprar ni siquiera los productos que ellos fabrican. Y por ese motivo defienden el proteccionismo, los aranceles y las trabas al comercio. No voy a discutir ahora ni a favor ni en contra de estas afirmaciones.
En España, en buena parte de la década de los 90, el gobierno fijaba el precio máximo de los combustibles. A juicio de aquellos gobernantes, en el mercado de combustibles español no había suficiente competencia y por tanto el cliente no tenía libertad para acceder a unas gasolineras u otras, no había posibilidad de someter a las petroleras y a los puntos de distribución a una fuerza de competencia real y por ese motivo se fijaron unos precios máximos que no se podían sobrepasar. Si las petroleras y sus distribuidoras querían competir, tenían que hacerlo hacia abajo de ese tope.
A finales de la década de los 90, el gobierno decidió que para que hubiera competencia real era imprescindible liberalizar los precios. La teoría es sencilla. Durante un periodo los precios subirán, para dar entrada a nuevos competidores, y luego bajarán como consecuencia de la entrada de estos nuevos competidores.
Ahora, tres lustros después de la liberalización de los precios, es tiempo más que suficiente para ver si la liberalización ha traído a España una reducción real del precio de los combustibles, si los márgenes de las empresas se han reducido, si la diferencia entre el precio de venta y el precio de coste ha disminuido y si en comparación con otros países (hay que tener también en cuenta las mejoras de la eficiencia de otros) los precios han evolucionado de forma favorable al consumidor español y por tanto a la inflación.
El gobierno, ese organismo que los ciudadanos pagamos para que gestione nuestros recursos en beneficio al menos de sus votantes, tendría que publicar un informe detallado de la evolución del precio del petróleo en los últimos 20 años, de la evolución del precio de los combustibles antes de impuestos, tanto en España como en el extranjero y explicar con detalle a todos los ciudadanos si la liberalización de precios ha sido beneficiosa para los ciudadanos o ha sido perjudicial para nosotros.
Lo que no es permisible, de ninguna de las maneras, es que el ministro de industria diga a las petroleras que contengan sus márgenes, que se porten bien, porque de lo contrario tomará medidas. ¿De verdad pagamos a un ministro para esto? Si la competencia funciona como debe, los precios tienen que ser ajustados por la fuerza de la competencia. Si la competencia no funciona, el regulador tiene que establecer mecanismos legales para ajustar los precios. Pero tratar a las petroleras como a los alumnos de primero de primaria «sed buenos u os castigaré de cara a la pared» es para que lo despidamos de un soplido.
Como el gobierno no da datos que justifiquen sus decisiones, como no presenta un informe que analice si el libre mercado en el sector de los hidrocarburos surte efectos beneficiosos o no para el consumidor español, el informe tendríamos que hacerlo los periodistas o algún centro de estudio. Quizá esté publicado, pero yo no lo conozco.
No tengo tiempo, pero busco voluntarios que lo hagan. Les pago con un sugus por lo menos. Y si es un informe bueno, lo pago a precio de mercado 🙂 (Que no, en serio, que lo pago bien) escríbanme a la cuenta de correo que aparece arriba y hablamos de precio. Gracias.